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Las Consecuencias De Los Cargos Penales Para Los Inmigrantes: Una Perspectiva De Reintegracion

Por: New York State Defender's Association Immigrant Defense Project
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LAS CONSECUENCIAS DE LOS CARGOS PENALES PARA LOS INMIGRANTES
UNA PERSPECTIVA DE REINTEGRACIÓN


Preparado por el Proyecto para la Defensa del Inmigrante de NYSDA
(Asociación de Defensores del Estado de Nueva York)


Después de haber tenido alguna interacción con el sistema judicial penal, los acusados que no son ciudadanos tienen que enfrentarse a una serie de obstáculos para reintegrarse en la sociedad. En toda etapa del proceso judicial (desde la detención hasta la contestación a los cargos/el juicio, la imposición de la pena, la encarcelación y la puesta en libertad), los no ciudadanos tienen que tomar decisiones que afectarán su habilidad para reunirse de nuevo con sus familias y aportar una contribución a sus comunidades como miembros productivos y observantes de la ley.

¿Cuáles son algunas de las consecuencias de los cargos penales para los acusados que no son ciudadanos?

Para poder vivir y trabajar de manera legal en los Estados Unidos, las personas que no son ciudadanas tienen que tener la autorización del gobierno. Incluso un enfrentamiento leve con el sistema judicial penal pudiera poner en riesgo el status legal de la persona no ciudadana o su capacidad para obtener status legal, y, por ende, pudiera afectar su habilidad para vivir, trabajar, mantener a su familia y permanecer con la misma en los Estados Unidos. Muchas de las contestaciones a los cargos y condenas, pueden resultar en la detención inmediata y el inicio del proceso de deportación - incluso si el acusado no ciudadano ha sido residente permanente legal por mucho tiempo (es decir, es portador de una tarjeta de residencia (tarjeta verde)) y tiene una familia compuesta por ciudadanos norteamericanos.

Algunas de las consecuencias a las que se enfrentan los acusados que no son ciudadanos podrían ser las siguientes:

  • Incapacidad para obtener una credencial de identificación oficial
  • Incapacidad para trabajar
  • Incapacidad para obtener vivienda
  • Incapacidad para obtener seguro médico
  • Incapacidad para asistir a la universidad
  • Incapacidad para viajar fuera de los Estados Unidos.
  • Incapacidad para renovar la tarjeta de residente permanente (es decir, la tarjeta verde)
  • El que no cumpla con los requisitos para solicitar la residencia permanente legal (es decir, la tarjeta verde)
  • El que no cumpla los requisitos para la ciudadanía
  • La iniciación del proceso de deportación
  • La detención inmediata o inminente por las autoridades de inmigración en cualquier parte de los Estados Unidos
  • El no cumplir con los requisitos para obtener dispensas u otra protección legal para no ser deportado
  • El no cumplir con los requisitos para el asilo, aún si es objeto de persecución en el extranjero.
  • El exilio permanente o de larga duración de los Estados Unidos

Condenas con aumento de las penas que se impongan al volver a entrar a los Estados Unidos
Incapacidad para vivir o trabajar de modo seguro en el país al que se le deporte

Algunas de las consecuencias pudieran ser más desastrosas para un acusado no ciudadano que el periodo de encarcelamiento o la cantidad a pagar como indemnización relacionada con el delito penal en sí. Casi todas ellas afectan directamente a los familiares de la persona no ciudadana, particularmente si el no ciudadano es el que mantiene a la familia. Aún para los no ciudadanos que no son introducidos de inmediato en el proceso de deportación, muchos de ellos se quedan en el limbo, corriendo el riesgo de ser deportados, y pierden o arriesgan sus necesidades cotidianas como el empleo, la vivienda o el seguro médico.

¿Qué clase de cargos penales traen consigo estos obstáculos para reintegrarse de nuevo en la sociedad?

Mucha gente cree que sólo aquellos delitos graves o violentos, como el asesinato o la violación, causarán que un no ciudadano, que de otro modo sería legal, esté sujeto a la deportación. Sin embargo, la realidad es que hay muchos delitos leves y no violentos, incluso aquellos que no fueron sancionados con prisión o con un plazo corto de prisión, pueden traer consigo la deportación. Por ejemplo, las personas han tenido que confrontar la deportación por una gama de delitos aparentemente leves:

Los delitos menores como ratería de tiendas, posesión de drogas, falsificación de documentos y prostitución

Los delitos clasificados como "infracciones" en lugar de crímenes bajo el derecho penal, tales como infracciones de la ley por posesión de marihuana

Aquellos delitos que resultaron en un programa de "desviación" después de la contestación a los cargos (programas que permiten a los acusados participar en métodos alternos al encarcelamiento, tales como el tratamiento de drogadicción o las clases de control de la cólera ordenadas por el tribunal, a cambio de la declaración previa de culpabilidad), aún si la declaración se anula y los cargos se desestiman más tarde

Hay algunas declaraciones y disposiciones especiales que no darán lugar a la deportación, pero la ley es muy compleja. A veces, el problema no es el delito en sí, sino la duración de la condena o la suma a pagar por indemnización ordenada por el tribunal. Los proveedores de servicios de reintegración y otros defensores deben siempre consultar con un abogado experimentado en asuntos de inmigración antes de aconsejarle a un acusado que no sea ciudadano a que se declare o acepte un programa de desviación.

¿Qué papel pueden desempeñar los proveedores de servicios de reintegración y otros defensores del sistema judicial penal?

Los proveedores de servicios de reintegración y otros defensores del sistema judicial penal pueden ayudar a perfilar las oportunidades para buscar métodos alternos a la encarcelación y así lograr la reintegración exitosa en la sociedad. Con una planificación cuidadosa, los no ciudadanos, al igual que los ciudadanos, pueden tener la oportunidad para volver a reunirse con sus familias y sus comunidades después de haber tenido cargos penales. La planificación de la reintegración debe comenzar tempranamente en el proceso, idóneamente en la etapa en la que una persona puede gestionar la declaración previa a un programa de desviación u otra declaración alterna que retire algunos de los obstáculos conectados con inmigración para la reintegración. Sin embargo, en cualquier etapa del proceso, los proveedores de servicios de reintegración y otros defensores del sistema judicial penal pueden preservar la capacidad de los acusados no ciudadanos para volver a reunirse con sus familias. Por ejemplo, con el consejo de peritos en derecho inmigratorio, los proveedores de servicios de inmigración y los defensores del sistema judicial penal pueden:

  • Informarle a los acusados y sus abogados de las posibles consecuencias inmigratorias de los cargos penales
  • Trabajar conjuntamente con los tribunales, los abogados defensores y los fiscales para introducir a los acusados en programas de desviación con declaración previa u otros métodos alternos adecuados para la inmigración que no sea la encarcelación
  • Trabajar conjuntamente con los tribunales, los abogados defensores y los fiscales para permitir la declaración de los acusados para ciertos delitos o convenir en la pena a imponerse o la cantidad de la indemnización que no acarree consecuencias negativas para los asuntos de inmigración
  • Poner a los acusados en comunicación con abogados de inmigración y con publicaciones que informen a las personas sobre los derechos de inmigración
  • Informarle a los acusados que están encarcelados del posible riesgo de ser deportados si viajan, renuevan su tarjeta de residencia o si solicitan la residencia permanente legal o la ciudadanía una vez sean puestos en libertad
  • Informarle a los acusados sobre la posibilidad de ser detenidos por las autoridades inmigratorias después de concluir su condena penal y cómo pueden solicitar la fianza
  • Ayudar a los acusados a obtener certificados de rehabilitación y a participar en programas de rehabilitación para que así puedan construir sus valores positivos, en el caso de que exista un remedio legal contra la deportación
  • Ayudar a que los acusados obtengan el indulto del estado
  • Respaldar las políticas de las comunidades, el estado y a nivel nacional para ayudar a las personas que tienen que enfrentarse a obstáculos conectados con inmigración a reintegrarse en la sociedad

¿Cómo pueden los proveedores de servicios de reintegración y otros defensores del sistema judicial penal obtener más información?

El Proyecto para la Defensa del Inmigrante proporciona consejos y apoyo a proveedores de servicios de reintegración, a abogados defensores y a otros defensores del sistema judicial penal con respecto a estos asuntos. Para más información, en general o con respecto a un caso concreto, sobre la manera de trabajar con inmigrantes en el contexto de reintegración, o para conversar sobre la manera en que las fuentes de políticas de la justicia penal / reintegración pueden incorporarse a los asuntos relacionados con inmigración, por favor comuníquese con:

Alina Das
NYSDA Immigrant Defense Project
25 Chapel Street, Suite 703
Brooklyn, NY 11201
Tel: (718) 858-9658 ext. 203
Fax: (800) 391-5713
Correo electrónic adas@nysda.org
www.immigrantdefenseproject.org

Última revisión y actualización: Oct 02, 2011